PROHIBICIÓN

Es la restricción impuesta legalmente a quienes ocupen determinados cargos públicos con la finalidad de asegurar una dedicación absoluta de tales servidores a las labores y las responsabilidades públicas que les han sido encomendadas. Todo funcionario público que reciba el pago por prohibición tendrá imposibilidad de desempeñar su profesión o profesiones en cualquier otro puesto, en el sector público o privado, estén o no relacionadas con su cargo, sean retribuidas mediante sueldo, salario, dietas, honorarios o cualquier otra forma, en dinero o en especie, o incluso ad honorem.

Los funcionarios bajo régimen de prohibición obtendrán una compensación económica por la limitación al ejercicio liberal de su profesión o profesiones en los términos señalados en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635.

• Toda persona servidora judicial que haya estado sujeta a la prohibición del ejercicio liberal de la profesión de previo a la entrada en vigencia de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635, mantiene sus derechos y no le son aplicables las nuevas regulaciones aún y cuando tenga ascenso, traslados o algún otro movimiento en su cargo.

Lo anterior, siempre y cuando el puesto desempeñado se mantenga cubierto por un mismo régimen en el cual adquirió derecho. Según lo dispuesto por Corte Plena en sesión No. 11-19 del 18 marzo del 2019 artículo XIV.

• Toda persona servidora judicial que no haya estado sujeta a la Prohibición del ejercicio liberal de la profesión antes de la fecha de la entrada en vigencia de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635, así como a las personas que ingresen a la institución luego del 04 de diciembre del 2018, les son aplicables las nuevas regulaciones.

• 15% para los puestos cuyo requisito académico sea bachiller universitario. (1)

• 30% para los puestos cuyo requisito académico sea licenciado universitario. (1) 

(1) Incorporado al Colegio Profesional respectivo cuando la ley así lo establezca para el ejercicio del cargo profesional.

Estar ocupando un puesto donde el requisito que se exija para dicha clase se requiera la condición de un grado académico, entre ellos bachiller o el título de licenciado e incorporado al colegio respectivo.

No estar recibiendo compensación por concepto de “dedicación” del ejercicio profesional y otros incentivos de similar naturaleza, a juicio de Corte Plena.
Laborar a tiempo completo con el Poder Judicial.

La naturaleza del trabajo que desempeña el funcionario debe estar acorde con el título profesional que ostenta.

• Ingresar a Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

• Ingresar a Ley de Compensación por Pago de Prohibición

• Ingresar a Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

• Ingresar a Votos de interés

• Ingresar a Ley General de Control Interno

• Poseer un título académico universitario, que le acredite como profesional en determinada área del conocimiento, para ejercer de forma liberal la profesión respectiva.

• Estar incorporado en el colegio profesional respectivo y al día con las cuotas de colegiatura.

La gestión se puede realizar de las siguientes maneras:

• Mediante el correo electrónico adm-sal-gh@Poder-Judicial.go.cr

• O bien presentando los documentos ante la recepción de la Dirección de Gestión Humana, edificio del OIJ, 3 piso.

• Al ser un componente salarial que opera automáticamente y no está dentro de las facultades del empleado o funcionario solicitarla, ni el patrono tiene discrecionalidad para pagarla.  La sola aceptación del puesto en propiedad o interina, implica su pago. Pero, para que la Dirección de Gestión Humana pueda realizar esta cancelación, la persona servidora debe asegurarse que los requisitos están debidamente presentados en su expediente personal.

• Aquellas personas servidoras que no cuenten con los requisitos en el expediente personal deberán presentarlos a la Dirección de Gestión Humana junto con el formulario de solicitud.